Experimentados letrados abogan por mayor transparencia en el gobierno.

El cuestionable manejo de las cifras de casos positivos y de muertes  por COVID-19 en Puerto Rico; la inacción del gobierno para la compra de reactivos a pesar del aumento significativo en los contagios; el controversial proceso primarista que provocó un caos el 9 de agosto y las decisiones improvisadas tomadas el mismo día; los escándalosos casos que enfrentan legisladores por robo, fraude y soborno en la esfera federal debido a actos de corrupcion;  el controversial manejo de fondos del Departamento de Educación para comprar equipo tecnológico que permitiera a los estudiantes tener acceso a la educación a distancia han sido las más recientes gestiones del gobierno que revelan la falta de  acceso a  datos concretos que permitan una fiscalización efectiva.  Un enfoque que requiere  la participación continua de los ciudadanos en la gobernanza pública.  Así sentenciaron hoy tres experimentados abogados académicos durante el conversatorio Transparencia que forma parte de la II Certificación en Responsabilidad Pública y Gobernanza: capacitación para el liderato y la acción política de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR).

El panel estuvo a cargo del decano de la Escuela de Derecho de la PUCPR, licenciado Fernando Moreno Orama; el licenciado José Frontera Agenjo, vicepresidente de Finanzas y Administración de la PUCPR y pasado decano de la Escuela de Derecho; y el exlegislador, Dr. Víctor García San Inocencio.

El Lcdo. Frontera Agenjo expresó “La transparencia implica el acceso a la información, apertura a la participación ciudadana activa y la democratización institucional. Este es un mecanismo esencial para la corroboración de la verdad, para una fiscalización efectiva y para que haya espacios de rendición de cuentas y de responsabilidad. Los ciudadanos necesitan tener acceso a los espacios de decisión y gestión, a entender su funcionamiento y los procesos de toma de decisiones y  poder decidir ellos mismos, con responsabilidad, el desempeño y la credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas. Igualmente, la transparencia es una práctica de la vida personal, no solo colectiva.  Refleja la coherencia entre lo que se cree, los valores e ideales que se profesan y las acciones y decisiones que realizamos cada día. Personas transparentes, producen y gestionan de forma transparente”.

Por su parte, el exlegislador García San Inocencio expresó que, en Puerto Rico, impera el “compadrazgo” y el “clientelismo”, por lo que se estructura sistemáticamente la opacidad y la no transparencia.   Fue más allá al afirmar que “Existe un vínculo corrupción-secretividad que alimenta el que no se rindan cuentas. No rendir cuentas es medular a la falta de transparencia. La cultura de la no fiscalización y la del encubrimiento forman parte  de la falta de transparencia.  El automatismo en la realización de las tareas, el pensamiento acrítico y la ‘normalización’ de la indiferencia alimentan el hábito de la intransparencia. Cuando las personas y los funcionarios se habitúan a la falta de transparencia, colapsa la racionalidad del sistema y de la aspiración democrática. La delincuencia institucionalizada, o el capricho y la arbitrariedad suelen convertirse en la norma. De ahí, la violación sistemática de derechos humanos”.

Durante el conversatorio, el decano de la Escuela de Derecho, licenciado Fernando Moreno Orama también enfatizó en el acceso a la información como eje central del derecho constitucional de Puerto Rico.   “La transparencia en la gestión pública tiene su raíz en el derecho constitucional a la libertad de expresión y prensa. Una buena y sana gestión gubernamental necesita que las personas estén informadas, con lujo de detalle, de las acciones de sus funcionarios. Si la información no fluyera de manera adecuada y continua, los derechos políticos básicos estarían limitados en su base. En la época en que vivimos, no hay excusas para que la información gubernamental esté disponible en portales cibernéticos debidamente actualizados para promover y facilitar la práctica de una sana democracia”, expreso.

Esta vez, el director del nuevo Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas, Dr. Hernán Vera Rodríguez, estuvo a cargo de moderar el encuentro virtual.  La II Certificación en Responsabilidad Pública y Gobernanza continuará con el conversatorio Construcción de la acción participativa el sábado 29 de agosto a las 10:00 a.m. con el presidente de Casa Pueblo, Adjuntas, Dr. Arturo Massol; la catedrática dl Departamento de Ciencias Sociales de la PUCPR, Dra. Sandra Ramos; la Dra. Griselle Reyes, directora del Instituto de Cooperativismo de la UPR y el líder comunitario de Caguas, Sr. José Oyola.

Los conversatorios se transmiten en directo por las redes sociales de la Universidad en @PUCPR1 y www.pucpr.edu/live.  Las personas interesadas en obtener la Certificación de Responsabilidad Pública y Gobernanza deberán comunicarse al Instituto de Educación Continua a educacioncontinua@pucpr.edu o llamar a 787.366.7678 para los detalles.  La iniciativa es parte del proyecto de Responsabilidad social, transparencia e integridad (RESTI) de la PUCPR.

Print Friendly, PDF & Email
Share