Diálogo sobre implicaciones de las órdenes ejecutivas y el impacto en la libertad ciudadana
El Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la PUCPR presentó el conversatorio
La educación democrática y la fiscalización de la ciudadanía en torno al cumplimiento de los derechos ciudadanos son las herramientas más efectivas para evitar que, durante una emergencia como la que se vive por la pandemia del COVID-19, el Gobierno se adjudique poderes más allá de los que permita la Constitución.
Ante este compromiso social, el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de la PUCPR celebró el conversatorio Estado de emergencia: libertad ciudadana vs. gobierno por decreto con la participación del Lcdo. Pedro Ortiz Álvarez, catedrático de la Escuela de Derecho de la PUCPR y del exlegislador, Lcdo. Víctor García San Inocencio. El moderador fue el Lcdo. Israel Santiago Lugo, director del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la PUCPR. En el foro se discutió el alcance legal de las órdenes ejecutivas de la gobernadora Wanda Vázquez Garced durante este período de emergencia y su impacto en la separación de poderes y la democracia.
“Ante la pandemia del coronavirus el gobierno de Puerto Rico se ha visto forzado, igual que el resto del mundo, a tomar medidas para proteger a su población. Las medidas tomadas han sido muy controversiales por rayar en la violación de derechos civiles o del principio de la separación de poderes. Ante esa realidad se hace necesaria la discusión de los poderes que la Constitución le concede al poder ejecutivo para proteger la salud pública, así como las limitaciones que tiene en ese esfuerzo y las intersecciones de poder entre el legislativo y el ejecutivo”, explicó el licenciado Santiago Lugo.
Agregó que, “Cuando el gobierno utiliza un estado de emergencia como el que enfrentamos, para adjudicar poderes más allá de los permitidos por la Constitución, nos acerca peligrosamente a la tiranía. Por eso es crucial abrir el diálogo sobre este tema y educar a nuestra sociedad. La educación democrática y la vigilancia ciudadana son las herramientas más poderosas que tienen los pueblos para proteger sus derechos y libertades, no solamente del Covid-19, sino de cualquier intento de monopolizar el poder y coartar nuestras libertades humanas básicas”.
