Legisladora y profesional de la salud mental dan  una mirada a esta medida legislativa.

 

“Quienes no estamos de acuerdo con el proyecto 184, conocido comúnmente como proyecto  para prohibir las llamadas terapias de conversión, también rechazamos cualquier forma o práctica constitutiva de abuso de maltrato o que sea contraria a la dignidad humana.  Los que nos oponemos con el lenguaje  del texto de esta ley, también estamos de acuerdo en que no se puede obligar a nadie a cambiar aspecto alguno de su sexualidad en contra de su voluntad”.  Así precisó contundentemente la senadora, Joanne Rodríguez Veve durante el conversatorio Una mirada legal y ética a los P. del S. 184 y 185.

Como parte del foro, organizado por el Instituto de Matrimonio y Familia de la PUCPR, la también abogada canonista dio una mirada, desde su posición como senadora, al proyecto del Senado 184 y 185.

“Por ejemplo, obligar a una persona a recibir cualquier tipo de ayuda terapéutica para cambiar un aspecto de su sexualidad en contra de su voluntad.  Si eso lo dijera el proyecto nadie estaría discutiendo esto en la opinión pública.  Si este proyecto también prohibiera, por ejemplo, prácticas de tortura de electroshock  y procesos invasivos a la intimidad de la persona, yo les podría garantizar que tampoco estuviéramos discutiendo porque todos nos opondríamos.Sin embargo este proyecto no prohíbe prácticas específicas.  Lo que sí es que, detrás de todo este concepto, lo que busca es prohibir un objetivo de vida al que tienen derecho  algunas personas.  ¿Cuál es ese objetivo de vida que la medida prohíbe?  El objetivo de vivir o de querer dejar de vivir una vida LGBTT.  Este proyecto expresamente prohíbe que una persona que no quiera vivir una vida LBTT pueda buscar la ayuda que estime necesaria para vivir su sexualidad de acuerdo con su voluntad”, apuntó la abogada.

La legisladora, quien asumió el cargo como senadora en 2020 representando al partido Proyecto Dignidad, resaltó que se trata de una medida  que exime a los padres de la crianza y educación de sus hijos.  “El proyecto  atenta contra la libertad de los seres humanos.   ¿Por qué razón el Estado le tiene que decir al ser humano cómo vivir su sexualidad? El Estado no debe obligar a nadie a cambiar cualquier aspecto íntimo en contra de su voluntad.  El Estado tampoco debe prohibirle a quien desee modificar su aspecto, el poder hacerlo. Es una gran contradicción.  Es contradictorio que esto vaya dirigido a combatir el crimen, pero esté discriminando.  Cataloga como potenciales maltratantes a todos los padres que no estemos de acuerdo con la llamada diversidad sexual.  La definición de terapias de conversión es tan vaga que habla sobre cualquier esfuerzo dirigido a cambiar expresiones, conducta,  que hagan los padres con sus hijos en esta materia  ¿Le corresponde al Estado ser el que decida cómo los padres pueden enseñarles a sus hijos en temas de efectividad y sexualidad?”.

Por su parte, la consejera profesional licenciada Ellyam Martínez analizó esta pieza legislativa como profesional de la salud mental.  “Esta medida tiene un impacto, también en los profesionales de la salud mental.  Medidas como estas le limitarían a los padres poder buscar ayuda a sus hijos, especialmente con un trastorno emocional como es el de este tema. La única opción viable de esta pieza es la afirmación o el modelo afirmativo.  Sin embargo, los datos nos presentan que muchas veces, luego de haber ocurrido una transición de sexo,  se incrementa más el malestar en el menor.  Entonces, esto cierra la puerta a los padres para trabajar situaciones que tengan que ver con el desarrollo de los menores.  Por otro lado, el aspecto de la sexualidad de los niños es un tema muy sensitivo.  Hay una diversidad de factores que influyen en el desarrollo. Así que esta medida deja afuera todo esto y no contempla que esto pudiera causar dudas y  confusiones.  Solo presenta que lo único que podemos hacer es solamente que papá pueda afirmarlo” sostuvo.

Martínez enfatizó en las implicaciones en su área laboral.  “Bajo esta medida no habrá oportunidad de trabajar lo que pueda estar afectando a un menor de edad, incluso, hasta un posible caso de agresión sexual.  Simplemente cierra la puerta.  No puedo explorar, ni investigar qué sucede.  Simplemente validarlo y dejar a un lado otras consideraciones que puedan afectar las emociones y la conducta de ese menor¨, afirmó.

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