¿A quién tratar cuando no hay para todos?
Columna del padre Jorge José Ferrer, S.J., catedrático de Teología
Uno de los riesgos que se da en situaciones de pandemia es que el sistema de salud se satura quedándose sin los recursos (incluyendo los humanos) para atender a todos los enfermos. En este momento se plantean la escasez de camas de hospital y de respiradores, entre otros recursos, para atender a todos los pacientes. Ya está ocurriendo en algunos países y podría ocurrir también aquí.
La escasez de recursos plantea el problema de tener que decidir quién va a recibir una intervención médica, de la que podría obtener algún beneficio. Existe una abundante bibliografía médica y bioética sobre los criterios para la priorización en la distribución de recursos escasos –triaje o triage- en situaciones de emergencias y catástrofes, como la pandemia del COVID-19. Aunque en la medicina clínica suelen prevalecer los principios bioéticos de no-maleficencia, beneficencia y respeto por la autonomía, en las situaciones de emergencia y escasez toma la delantera el principio de justicia.
En situaciones de vida o muerte, en el contexto de la escasez de recursos, los pacientes pueden clasificarse en tres grupos: 1) Aquellos con pronóstico fatal, independientemente de las intervenciones que se apliquen. 2) Aquellos con pronóstico favorable. Se estima que vivirán, aunque no se aplique la intervención en cuestión. 3) Los que se espera que sobrevivan y se recuperen si la reciben, pero que fallecerían sin la misma. En esas situaciones está justificado priorizar los pacientes del tercer grupo. Eso no significa que se abandonen los demás. Se les aplican los tratamientos disponibles, que puedan beneficiarlos, bien sean ayudando a su recuperación o paliando los síntomas.
Añado algunas consideraciones: 1) Es preciso que se establezcan protocolos claros para el triaje de camas de intensivo, respiradores y otras intervenciones médicas. Los protocolos garantizan que casos iguales se traten de la misma manera, requisito esencial de la justicia. Facilita, además, la toma de decisiones a los clínicos, que estén en la línea de fuego. 2) Los criterios que fundamenten los protocolos deben ser públicos. La transparencia es esencial en situaciones de crisis, evita desconcierto y desconfianza. 3) Es importante educar a la comunidad sobre los criterios que se van a aplicar y las razones que los justifican. 4) Los criterios deben ser estrictamente médicos. Consideraciones de nacionalidad, posición económica o utilidad social son éticamente inadmisibles. No obstante, está justificado dar prioridad a aquellas personas cuyos servicios son esenciales para continuar la lucha contra la pandemia. Aunque la edad, por sí sola, no debería ser el criterio, puede tomarse en cuenta cuando se debe priorizar entre pacientes con pronósticos similares. Por último, tanto el gobierno como los ciudadanos tenemos el deber de hacer todo lo posible para detener los contagios, disminuyendo las posibilidades de tener que recurrir a medidas de priorización que, aunque justificadas, todos preferiríamos evitar.
