Análisis de la transparencia en la reforma del Departamento de Educación
PUCPR celebra Tercer Encuentro Nacional sobre Transparencia e Integridad en la Gestión Pública
Celimer M. Torres
Importantes voces del ámbito académico, político y legal analizaron la importancia de la transparencia y su impacto en el proceso de la reforma educativa, como parte del primer simposio del Tercer Encuentro Nacional sobre Transparencia e Integridad en la Gestión Pública de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
El primer panel, titulado La educación especial en la penumbra: reforma y derechos humanos, contó con la participación de la Lic. María de Lourdes Santiago, comisionada electoral del Partido Independentista Puertorriqueño y militante por los derechos de los niños con necesidades especiales.
“Este Simposio examinó la transparencia en los procesos de reforma gubernamental, particularmente en el caso de la educación. Esta iniciativa de nuestra Institución responde a la necesidad de crear espacios en los que se puedan analizar, objetiva y mesuradamente, temas álgidos que despiertan fogosas reacciones y que dominan el interés de nuestro pueblo, como es el caso de la educación en estos momentos. Nuestra esencia, nuestra misión como institución académica es educar con una formación íntegra que permita a nuestros egresados transformar su barrio, su ciudad, su pueblo. Y si en algo debemos educar es en la importancia de la transparencia en los niveles sociopolíticos y económicos, porque la transparencia establece una relación de confianza entre quien la exige y quien la da. Y Puerto Rico, hoy más que nunca, necesita sentir que puede confiar” puntualizó el Dr. Leandro Colón, presidente interino.
El primer panel, titulado La educación especial en la penumbra: reforma y derechos humanos, contó con la participación de la Lic. María de Lourdes Santiago, comisionada electoral del Partido Independentista Puertorriqueño y militante por los derechos de los niños con necesidades especiales; la Dra. Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico y la Prof. Lisbeth González Rodríguez, directora de la escuela pública Montessorri en Guayama.
La Dra. Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico también formó parte del panel.
Durante su participación la Lic. Santiago debatió sobre cómo la Ley 85, que articula la reforma educativa, va a contribuir a agudizar la crisis de derechos humanos que existe y que, según alega, afecta a los niños de educación especial. “El imponer un modelo de costo efectividad en la prestación de los servicios de educación especial redundará en el hacinamiento en los salones y traería consigo el cierre de escuelas. Es tremendamente preocupante el trato que se les da a los derechos de los niños de educación especial en la propuesta de reforma de educación especial, en temas como el acomodo razonable y la prestación de servicios relacionados que incluye la provisión de terapias que ya está en una situación muy crítica. El llamado tiene que ser a una mayor transparencia y a un proceso que les conceda participación genuina a las personas que durante décadas han luchado por este asunto. La aprobación de esta legislación podría implicar un terrible retroceso en lo que se ha logrado para esta población. El sistema hay que reformarlo, pero no reformarlo entregando los recursos del pueblo a entidades privadas” sostuvo.
Aida Díaz, por su parte, planteó en torno de la educación especial “¿Cuántos escollos no ha tenido que librar la población de educación especial para lograr que sus derechos sean respetados? A pesar del cúmulo de leyes que se han aprobado y que le aplican a la educación especial y, a pesar del caso de Rosa Lydia Vélez, estamos viendo que los derechos de esa población no son respetados. Hemos estado vigilantes y militantes en todo lo que está ocurriendo. La educación de un niño y la violación a ese derecho de ser educado tienen que ser defendidos con fuerza. La Asociación de Maestros de Puerto Rico está para acompañar a cualquier niño y a sus padres cuando haya que reclamar ese derecho. No estamos únicamente por los maestros, estamos por la educación” expresó Díaz.
Lisbeth González hizo un llamado a la unidad y al trabajo colaborativo. “Mi aportación es proveer una vista diferente desde lo que hacemos en nuestras comunidades escolares a través del método Montessori y creer que todo es posible si lo hacemos con responsabilidad, compromiso, honradez y honestidad para el beneficio de los niños y jóvenes con necesidades especiales” indicó González.
El segundo panel fue Transparencia en los procesos de reforma gubernamental: el caso de Educación. Participaron del foro el Lcdo. José Torres Valentín, abogado de la Sra. Rosa Lydia Vélez en demanda contra el DE; y la Dra. Ana Helvia Quintero, pasada subsecretaria del Departamento de Educación. El Lic. Torres realizó un informe sobre la trayectoria del caso de Rosa Lydia Vélez desde la perspectiva de la sentencia por estipulación dictada en febrero de 2002 y el sistema de monitoría que estableció el Tribunal y que se mantiene vigente para fiscalizar y vigilar el cumplimiento del Departamento de Educación. “Este caso, desde el punto de vista de la disciplina del derecho, podría representar derecho y cambio social. Es un caso que se mantiene vigente a pesar de que lleva 37 años en nuestro sistema de justicia porque el Tribunal ha ido estableciendo, con las decisiones que ha tomado de forma fundamental, el camino que debe seguir el Departamento de Educación para brindarles una educación de excelencia a todos nuestros estudiantes, pero particularmente a los estudiantes con diversidad funcional. Así que, como parte del marco de referencia social, el caso Rosa Lydia Vélez es un referente desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista del derecho también” explicó Torres Valentín.
Estos Encuentros son parte del Proyecto de Responsabilidad Social, Transparencia e Integridad (ReSTI) de la PUCPR.
