Bajo la lupa la impunidad fiscal y el nombramiento de jueces

Profesionales profundizan en estos tema en el Tercer encuentro nacional sobre transparencia e integridad en la gestión pública.

Jalibeth Rodríguez Rivera

“Puerto Rico es uno de los países de mayor desigualdad en el mundo, el crecimiento no es uniforme.  Esta desigualdad obstaculiza el crecimiento económico y retrasa el desarrollo del país”. Así sentenció el economista Dr. Ricardo Fuentes, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, durante el Tercer encuentro nacional sobre transparencia e integridad en la gestión pública celebrado en la PUCPR.

El profesor de economía aseguró que, en los últimos años, se ha generado un desbalance entre la productividad y la compensación, lo que resulta en un crecimiento desigual.

“Algunos economistas afirman que no se deben aumentar los impuestos a los de mayores ingresos, porque ellos invierten, pero otros  afirman que se deben cobrar impuestos a los que tienen mayor capacidad económica, para  así reducir la desigualdad. Las políticas actuales estan basadas en teorías económicas que han probado ser. La Junta de Supervisión Fiscal esta consciente de que esto acelara la migración, pero no lo ve necesariamente como un problema.”

El  Dr. Ricardo Fuentes presentó como propuesta el mpuesto progresivo al consumo. “Es crear un sistema dual del IVU o del IVA en el que se propongan dos tazas.  Una, enfocada en los bienes esenciales, y otra en consumo de lujos.  Se podría imponer un 10% para bienes esenciales y un 19.2 % para bienes de lujo.  Este número debe salir de un análisis. De esta forma se aumentan los recaudos del país y la retribución de ingresos”.

Según el economista, muchos paises tienen esta práctica y ha resultado exitosa. “El reto es cambiar la discusión de austeridad, que está concentrada en la Junta y el Gobierno, a una de reduccion de desigualdad como estrategia de desarrollo”, culminó.

El foro Impunidad fiscal, ¿una estrategia para el subdesarrollo?, abrió con el exsecretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza.  Este habló sobre las medidas impuestas en el proceso de fiscalización de la agencia durante el 2015 y el  2016, mientras dirigía este Departamento.

“La impunidad fiscal es un mal social que crea un grado de desconfianza de la sociedad hacia sus isntituciones.  La impunidad significa que la gente  sienta que el sistema contributivo no funciona y puede burlarlo, lo subestima”, dijo.  Zaragoza, se centró en dos dimensiones:  cuando Hacienda no se fiscaliza con efectividad y cuando, deliberadamente, aprueba tratos preferenciales a diferentes contribuyentes.  “Ambos tipos de situaciones laceran la confianza del pueblo, tienen un efecto negativo en la competitividad.  ¿Que Hacienda da preferencias con acuerdos confidenciales a un negocio para el tema de los impuestos y al mío no?  Se debe hacer lo que nosostros hicimos, enmendar la ley. Nosotros enmendamos la ley en 2015 para presentar limitaciones al secretario.  Y, sobre todo,  tener la valentía de fiscalizar a todos por igual”, aseveró.

En su alocución en la Corte de Práctica de la Escuela de Derecho de la PUCPR, Zaragoza trajo a la mesa el controversial Plan Fiscal para enderezar las finanzas de la Isla. “El mismo Plan Fiscal dice que Hacienda debe alejarse del lema ‘Hacienda para servirle’ y ponerse a fiscalizar”, afirmó.

“Es cuestión de tener voluntad.  Aquí es un problema de cultura, que las personas se dejan influenciar, buscan trato preferencial y no hacen el trabajo.  ¿Qué se debe hacer?  Cerrar los negocios que no paguen impuestos, ser firme, referir casos a Justicia por evasión,  que si no se cumple, asuman las consecuencias, no imperen los favores políticos”, sostuvo.

Según Zaragoza, actualmente la evasión en Puerto Rico es significativa.  Dijo que ronda el 30%.  Mientras asumió el cargo de secretario de esta agencia, relató, aumentó la captación del IVU de un 52% a un 69%  en dos años.

Rigurosos los procedimientos en la designación de jueces

 

El evento continuó con el foro  Transparencia y designacion de jueces.  El juez presidente del Tribunal Federal, Hon. Gustavo Gelpí detalló el proceso de selección de este cargo y los requisitos por ley. Gelpí fue nominado por el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, y confirmado por el Congreso.  Explicó que para su elección no se requiere el voto del pueblo y tampoco se presenta ante la rama legislativa de Puerto Rico.  “El pueblo no tiene participación en este proceso. Por lo que tenenemos un poder que choca con la democracia, porque aunque es basado en la Constitución, el pueblo no tiene voz en esto.  Es legal, pero antidemocrático”.

“Los jueces federales en Puerto Rico fueron nombrados bajo el artículo 3 de la Constitución. Para efectos federales, tenemos un cargo vitalicio.  En Puerto Rico existen siete plazas del Tribunal Federal. Desde 1966, los jueces hemos tenido el cargo en Puerto Rico.  Como requisitos, no participamos en actividades politicas y no aceptamos regalos ”.

Explicó que, como juez federal, asigna trabajos a los jueces magistrados.  “Es un híbrido entre juez municipal estatal y un juez de distrito.  Son nombrados por ley federal por Jueces de Distrito. Es un sistema de mérito por el que se crea un panel y los selecionamos. Están por 8 años y las ramas políticas  no intervienen”.

Entre otros cargos, habló también de los procesos para seleccionar y nombrar a los Jueces de Quiebra, Jueces de Distrito y Jueces del Tribunal Supremo.

Al encuentro de expertos también se unió Sonia Vélez, exdirectora de la Oficina de Administración de Tribunales.  Realizó una radiografía detallada del procedimiento judicial en  Puerto Rico para la selección y nombramiento de jueces a la luz de los reglamentos y las leyes estatales.

“El artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en sus trece artículos sienta las bases para el establecimiento del Poder Judicial.  La sección 1 de dicho artículo dispone sobre la creación del Tribunal Supremo como el único establecido por mandato constitucional.  Esta misma sección dispone que la Rama Judicial estará compuesta por este Tribunal y otros establecidos por ley, dando paso así a la creación legislativa de los tribunales de menor jerarquía.   En cuanto a la selección y nombramiento de los jueces, la Constitución de Puerto Rico en su Art. V Secc. 8, dispone que los jueces serán nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado”, explicó

La también profesora de la Escuela de Derecho de la PUCPR, detalló el perfil y las cualidades que debe  tener un profesional judicial para asumir la silla de un juez.

“Los procedimientos de selección, nombramiento o elección de jueces, han de fundamentarse en la

integridad y la idoneidad, y han de garantizar que los candidatos a la judicatura no lleguen a ocupar sus cargos por motivos que no sean los debidos.  Es por ello que se ha destacado la importancia de establecer y aplicar criterios objetivos y transparentes de selección y de nombramientos, basados en el mérito y las cualidades profesionales y morales de los candidatos.  Integridad, reputación o imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, capacidad administrativas, temperamento, capacidad académica, rendimiento y atención de casos, experiencia, vocacional al servicio público, así como interés en proseguir carrera judicial son criterios esenciales para la selección de jueces”.

Igualmente, el foro contó con el Lcdo. Carlos Ramos, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Él, aunque su padre fue médico, siempre respetó la rama judicial. Resaltó la importancia en la integridad en el campo judicial.

“La transparencia no puede ser palabra hueca.  Existen muchos jueces, cuyos nombramientos son excepcionales.  Las propuestas que se han hecho para lograr cambios y elegir jueces han sido amplias.  No hay escuela judicial, examen o ideología política para ejercer el ministerio judicial si no se tiene integridad personal”, dijo.