¿Quién alimenta a Puerto Rico?: experto analiza la seguridad alimentaria, las importaciones y la resiliencia
El Dr. Julio César Hernández Correa compartió en la PUCPR datos sobre seguridad alimentaria, leyes de cabotaje y los retos de la cadena de suministro.
Por Génesis J. González Ríos, estudiante de Comunicaciones
En la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico se exploró, a través de una conferencia, quién realmente alimenta a Puerto Rico. La actividad estuvo a cargo del Dr. Julio César Hernández Correa, doctor en Economía, catedrático e investigador en la UPR-Mayagüez, y fue coordinada por el Programa Combinado de Bachillerato en Educación en Nutrición y Maestría en Ciencias en Nutrición y Dietética Integrada. El encuentro se llevó a cabo el martes, 29 de septiembre, en el Teatro Mons. Vicente Murga de la PUCPR en Ponce, y se enfocó en la seguridad alimentaria, las importaciones y la resiliencia. En dicho encuentro, el Dr. Hernández respondió varias preguntas respecto al tema planteado.
Al inicio, se abordaron los datos y hallazgos que revelan las cifras actuales sobre quién alimenta a los habitantes de la isla. El economista expresó que la mayor parte de la comida de Puerto Rico viene de Estados Unidos, así como de Canadá, México y China, lo que significa que el 93% de las calorías que se consumen son importadas. Explicó que, por esta razón, el país enfrenta una constante exposición a problemas de acceso a alimentos, ya que ante eventos atmosféricos o catastróficos se afecta directamente la distribución y la seguridad alimentaria. Partiendo de esto, al plantearse el porcentaje real de alimentos producidos localmente frente a lo importado, comentó que en la página web del Food Security Data Center se incluyen dos estimados: uno por peso (en kilogramos) y otro por calorías. Al evaluarse por calorías, Puerto Rico apenas produce el 7% de lo que consume, mientras que por peso alcanza el 15%. Con esos datos, concluyó que el país produce una proporción mínima en comparación con la demanda de la población.
Esto abrió paso a evaluar de qué manera el costo de la energía y las leyes de cabotaje inciden en que el producto local enfrente desventajas frente al importado. El Dr. Hernández señaló que el costo atribuible al cabotaje puede rondar entre el 15% y el 20% en los alimentos. Añadió que, aunque los precios locales logran competir con los de importación en varios renglones, según datos del Departamento de Agricultura, esto representa una carga pesada para los agricultores del país, quienes se ven forzados a reducir costos y bajar sus márgenes de ganancia. Asimismo, al preguntarle para cuántos días o semanas tiene Puerto Rico inventario real ante una interrupción prolongada en los puertos por una emergencia climática, su respuesta se basó en un estimado de la economista agrícola Myrna Comas Pagán, que cual sitúa las reservas entre 8 y 13 semanas. El conferenciante puntualizó que un escenario de colapso no solo responde a huracanes, sino a diversas situaciones logísticas o externas que pueden frenar la entrada de suministros.
Posteriormente, la discusión giró en torno a cómo impacta la dependencia de importaciones el bolsillo del consumidor y la calidad nutricional de las familias. El Dr. Hernández detalló que, según los registros de la plataforma Food Security Data Center, casi el 25% de los alimentos consumidos en la isla no corresponden a proteínas, granos, frutas ni vegetales, sino a una categoría compuesta principalmente por helados, dulces y comidas fritas. Sostuvo que este patrón incide directamente en los problemas de salud pública, reflejados en una tasa de sobrepeso y obesidad cercana al 70% en adultos y al 25% en niños y jóvenes. A su vez, explicó que, debido a que gran parte del producto fresco proviene de zonas lejanas como California, los alimentos pierden vida útil durante el trayecto marítimo y llegan a las góndolas y a los hogares con un periodo de duración de apenas tres o cuatro días, factor que históricamente ha impulsado a la población a optar por carnes enlatadas y comidas procesadas. Frente a esto, recalcó que parte de la solución radica en aumentar la cosecha local de frutas y vegetales frescos.
Ante este escenario, el diálogo se profundizó y se abordó el impacto social y económico de la alimentación. Al consultarle si Puerto Rico debe catalogarse como un país con hambre o con un cuadro severo de malnutrición, derivado del difícil acceso a comida fresca, el Dr. Hernández puntualizó que los altos niveles de sobrepeso descartan una desnutrición tradicional generalizada, pero advirtió sobre la vulnerabilidad que enfrentan ciertos sectores, en especial la juventud. Argumentó que los jóvenes se ven afectados por salarios más bajos y menor inserción en el mercado laboral, lo que reduce su poder adquisitivo y eleva la tasa de bajo peso en este grupo a casi cuatro veces la de Estados Unidos, debido a falta de recursos para comprar comida adecuada. Añadió, además, que hay personas que viven bajo el nivel de pobreza y quedan fuera de ayudas nutricionales gubernamentales, lo que acentúa las deficiencias de alimentación.
La conversación concluyó con una mirada hacia el futuro, al cuestionarle sobre las medidas urgentes y viables que el país debe ejecutar de inmediato para proteger su cadena de suministros. Al respecto, Hernández planteó que la atención no debe limitarse únicamente a la distribución de alimentos, sino también a los insumos agrícolas, tales como fertilizantes y pesticidas. En su análisis, propuso que Puerto Rico procure suplirse de forma autónoma o mediante acuerdos regionales para facilitar la producción local. Finalmente, expuso que, ante la realidad política y comercial con Estados Unidos, la isla debería evaluar mecanismos para contar con embarcaciones propias de transporte marítimo, evitando quedar a merced de aumentos en las tarifas de las navieras o de variaciones en acuerdos internacionales que afecten el flujo de provisiones.
