El Futuro del Código Penal
Celebran foro para analizar el sistema de justicia del país.
Legisladores, jueces, fiscales, profesores y profesionales vinculados a distintos ámbitos del sistema de justicia se reunieron en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico para conversar sobre una pregunta que, aunque parece sencilla, abre la puerta a debates mucho más complejos: ¿hacia dónde va el Código Penal de Puerto Rico?
El foro fue impulsado por la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la Revisión Continua del Código Penal y para la Reforma de las Leyes Penales, copresidida por el senador Carmelo Ríos Santiago y el representante José “Ché” Pérez Cordero. Junto a ellos participaron la fiscal de distrito de Ponce, Marjorie Gierbolini; el profesor Octavio Capó Pérez; el exjuez José Emilio González Velázquez; el procurador general de Puerto Rico, Omar Andino Figueroa; y Katiana Pérez Torres, directora ejecutiva de la Alianza para un Puerto Rico sin Drogas.
“La diversidad de experiencias y pensamientos fue una de las fortalezas del encuentro. Mientras algunos hablaban desde la fiscalía, la judicatura, la academia y el trabajo preventivo, Ríos y Pérez Cordero aportaron también desde la mirada de quienes eventualmente tienen que traducir parte de esas preocupaciones al lenguaje legislativo. Más que producir una fórmula definitiva, el conversatorio permitió enfrentar perspectivas distintas y construir una base teórica y práctica para pensar cómo debe evolucionar el Código Penal”, expresó Nathan Shaquille Laboy Torres, estudiante de la Escuela de Derecho de la PUCPR.
Según Laboy Torres, dos preguntas abarcaron buena parte de la discusión. La primera fue si Puerto Rico debe continuar creando leyes especiales cada vez que surge una nueva modalidad delictiva o si el Código Penal debe ser lo suficientemente amplio para responder a conductas que, en esencia, ya están tipificadas. “El ejemplo del fraude cometido por medios electrónicos o virtuales hizo especialmente clara la preocupación: aunque cambie el medio utilizado, la conducta continua siendo fraude. De ahí surgió una interrogante importante: ¿necesitamos una nueva ley cada vez que aparece una nueva manera de cometer un delito, o debemos fortalecer la capacidad del propio Código para responder a esas modalidades? La segunda gran discusión llevó el debate al propósito mismo de la pena. Si la rehabilitación ocupa un lugar fundamental dentro de la visión penal puertorriqueña, entonces surge una pregunta inevitable: ¿en qué momento una pena deja de ofrecer un camino hacia la rehabilitación y se convierte únicamente en castigo? El profesor Octavio Capó Pérez llevó esa tensión a un ejemplo particularmente fuerte. Al mencionar la protección de la Octava Enmienda frente a castigos crueles e inusitados, cuestionó qué sentido tiene hablar de una pena rehabilitadora cuando a una persona de 17 años se le imponen 99 años de prisión. Su planteamiento obligó a pensar como puede hablarse de rehabilitación cuando la propia sentencia puede dejar a una persona sin esperanza o motivación para alcanzarla”, detalló el estudiante.
La conversación también miró más allá de lo que ocurre después del delito. “Surgió entonces otra pregunta: ¿qué puede hacer el Estado antes de que ese delito ocurra? Entre las preocupaciones planteadas estuvo la necesidad de impactar comunidades de escasos recursos, especialmente a sus jóvenes, mediante esfuerzos preventivos que permitan intervenir antes de que la actividad delictiva forme parte de sus vidas. Desde esa perspectiva, la respuesta al delito no comienza necesariamente en un tribunal ni termina con una sentencia”, dijo el Pionero.
Al final, la pregunta que dio nombre al conversatorio quedó abierta: ¿hacia dónde va el Código Penal de Puerto Rico? “Quizás el mayor valor del encuentro estuvo precisamente en demostrar que una revisión seria no comienza con una respuesta única, sino con la disposición de escuchar perspectivas distintas y cuestionar aquello que por años se ha dado por sentado. En ese sentido, la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico sirvió no solo como sede, sino como punto de encuentro entre quienes hoy participan de la construcción del sistema penal y quienes, desde las aulas, se preparan para asumir esa responsabilidad en el futuro”, sentenció.
