Mar 262018
 

En discusión la Ley Judicial de Menores.

 El Proyecto 489 de la Ley Judicial de Menores estuvo bajo fuego por expertos en trabajo social y abogados durante el conversatorio La humanización del sistema correccional juvenil: de un paradigma punitivo a uno de rehabilitación social. 

De izquierda a derecha: Paul Fericell y Julián Claudio.

El trabajador social forense especialista en casos criminales, de menores y de familia, y profesor de trabajo social de la PUCPR. Paul Jesús Fericelli, así como el Lic. Julián Claudio, abogado de defensa y especialista en casos de menores, conformaron el panel.  Ambos analizaron la ley actual de menores y lanzaron propuestas emergentes.  

Para la presidenta de la Asociación de Estudiantes Graduados de la Escuela Graduada de Trabajo Social Clínico de la PUCPR- Ponce, Jalibeth López, fue una oportunidad para analizar este tema de gran importancia para el país.  “Aprendimos sobre la importancia del funcionamiento del trabajador social en el tribunal. Somos los que rendimos informes sociales y comprendimos que la efectividad de un procurador de menores no se puede medir por las convicciones que tenga. Esta escala de méritos es igual a la de los fiscales y la misma debe cambiar. También, se profundizó sobre asuntos asociados con la salud mental de los menores institucionalizados en el sistema correccional juvenil” explicó.

Durante el conversatorio se discutió el Proyecto de Ley 489 del 8 de mayo de 2017.  “Este proyecto pretende comenzar a transformar el Sistema Judicial Juvenil en uno enfocado en la rehabilitación de los menores y evitar tener que ponerle esposas a un menor a menos que sea necesario.  También propone que la edad mínima para ser procesado en un tribunal sea 13 años e incorpora la mediación como herramienta en los tribunales de menores.  Igualmente, elimina el confinamiento solitario  y establece que el Informe Social redactado por los trabajadores sociales no se le provea al juez hasta la sentencia, ya que el mismo contiene información que afecta la integridad del proceso” detalló López.

En el evento también se dialogó sobre la ética del trabajador social en los Informes Sociales y se propuso que los mismos no se  cambien o modifiquen a petición de los procuradores de menores. Entre otros temas, se ofreció información sobre la importancia de medir la efectividad de los servicios. “Esto se debe al alto nivel de reincidencia en los menores. La medición de la práctica profesional y los servicios son la clave para saber qué servicios son necesarios y cuáles no resultan efectivos” resaltó la joven estudiante.

De acuerdo con estadisticas del Gobierno de Puerto Rico, enfocado en el perfil del menor transgresor durante 2016, un 65% de los menores institucionalizados padecen de alguna condición de salud mental, el 89% de los menores sufre de transtorno de abuso o dependencia de sustancias, y un 42.91% es victima de maltrato en la comunidad.

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