Nov 012017
 

 

Será para crear proyecto de asesoría interdisciplinaria de impacto comunitario


Los procesos legales y burocráticos que impiden el acceso a la justicia y al desarrollo de las comunidades pobres, pueden aliviarse con la pericia y asesoría de la Clínica Multidisciplinaria de Desarrollo Comunitario.  Este es un novel proyecto que anunció la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) tras la aprobación de una propuesta de la Fundación del Fondo de Acceso a la Justicia.

De izq a derecha: la directora ejecutiva de la Fundación del Fondo de Acceso a la Justicia, Lic. Aidi Martínez Román; el decano de la Escuela de Derecho de la PUCPR, José Frontera Agenjo; el presidente de la Junta de Directores de la Fundación del Fondo de Acceso a la Justicia, José Enrique Colón Santana y el presidente de la PUCPR, Dr. Jorge Iván Vélez Arocho.

 

La propuesta aprobada otorga $150,000 a la PUCPR para crear una clínica de apoyo comunitario que proveerá asesoría y peritaje con recursos especializados de las facultades de Administración de Empresas, el Departamento de Ciencias Sociales,  la Escuela de Arquitectura, el Colegio de Estudios Graduados en Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad y la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho.  Estos dirigirán el proyecto interdisciplinario.  Así lo anunció el presidente de la PUCPR, el Dr. Jorge Iván Vélez Arocho.   Se están evaluando diversas comunidades que cumplan con los requisitos de la propuesta.  La propuesta tiene como prioridad que sea representativa de los problemas socioeconómicos, físicos y ambientales que sufren nuestras comunidades pobres y que pueda impactar, de forma permanente,  la ciudad.

El proyecto, que debe completarse en un año, busca que los servicios eventualmente se provean a la totalidad del pueblo, por lo pronto el programa impactará a una comunidad que servirá de base.

El proyecto, que debe completarse en un año, busca que los servicios eventualmente se provean a la totalidad del pueblo, por lo pronto el programa impactará a una comunidad que servirá de base.

“Estamos uniendo voluntades, estableciendo alianzas y, con los diversos recursos de la Universidad y el apoyo de la Fundación del Fondo de Acceso a la Justicia, podremos hacer cumplir nuestra misión de brindar justicia social y esperanza a los más necesitados, las comunidades desventajadas.  Tras el paso del huracán este proyecto toma un significado más profundo, porque proveerá herramientas a una comunidad desventajada y servirá de modelo para otros programas.  Las comunidades pobres enfrentan terribles problemas que se agravaron con los estragos de este catastrófico evento.  La Católica pondrá sus mejores recursos a la disposición de este proyecto que servirá de base y de estudio para crear recursos permanentes de apoyo a todas las comunidades”, destacó  Vélez Arocho.

La creación de esta clínica contribuiría a propiciar, desde la perspectiva de la solidaridad y la subsidiariedad, la identificación de problemas legales, socioeconómicos, físicos y ambientales para asistir tanto a comunidades en pleno, como a sus residentes con el acompañamiento y asesoramiento necesarios para procurar soluciones de manera permanente e integral. El proyecto, que debe completarse en un año, busca que los servicios eventualmente se provean a la totalidad del pueblo, por lo pronto el programa impactará a una comunidad que servirá de base.

Por su parte, el decano de la Escuela de Derecho, José Frontera Agenjo destacó que, a un mes del paso del huracán, “Todos los servicios en la Universidad y en la Escuela de Derecho se están ofreciendo al 100%.  El anuncio de la otorgación de estos fondos reafirma nuestro compromiso con las comunidades y con el País.   La Clínica Interdisciplinaria permite un modelo de intervención que es factible, por lo que facilita la otorgación de fondos adicionales más adelante” reiteró.  El proyecto será administrado por la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho y contará con miembros de  otras facultades y estudiantes practicantes.

La Clínica proveerá asesoría y peritaje con recursos especializados de las facultades de Administración de Empresas, el Departamento de Ciencias Sociales, la Escuela de Arquitectura y la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho, los cuales dirigirán el proyecto interdisciplinario.

Explicó que poder cubrir los gastos para asesorar e intervenir en una comunidad especifica es fundamental para identificar problemas legales que impidan el desarrollo de esos sectores marginados. Algunos ejemplos son el apoyo en casos de la titularidad de los terrenos colindantes que impidan que crezca o que tengan acceso a los servicios básicos. “La falta de recursos de asesoramiento limita el desarrollo de la comunidad.  Esta es una oportunidad para identificar los problemas y formular, junto a la comunidad, una solución interdisciplinaria para resolverlos”explicó Frontera Agenjo.

Agregó que también ayudarán con asesoría de casos con FEMA y con FDA para desarrollar los negocios de la comunidad. Otro de los componentes que se desarrollará es una clínica de mediación, porque a veces los conflictos dentro de las propias comunidades impiden la solución de problemas que afectan el desarrollo.

La primera fase consistirá en un estudio de las necesidades de la comunidad seleccionada.  Luego se le ofrecerá apoyo empresarial y de asesoría de construcciones así como proyectos ambientales.  Todo esto con el apoyo de profesores y estudiantes de las diversas facultades integradas en el proyecto.

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