Apr 072016
 

Puerto Rico presenta querella ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

Por:  Amaury Pérez Rodríguez / Jalibeth Rodríguez Rivera

Un grupo de puertorriqueños representantes de alrededor de 40 organizaciones civiles se dieron a la tarea de presentar un informe sobre la crisis fiscal de la Isla a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).  La audiencia se  celebró en la sede de la CIDH ubicada en Washington. La delegación de Puerto Rico estuvo compuesta  por la directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos, Annette Martínez Orabona; el economista José Caraballo; la abogada Natalia Ramírez; la directora del proyecto de Derechos de las Mujeres en la ACLU,  Ariadna Godreau.  También se unieron María Teresa Rodríguez, presidenta de la Unión de Empleados del BGF; la ex asesora de Bienestar Social de La Fortaleza, Ataveyra Medina; el pasado presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales del Colegio de Abogados,  Osvaldo Burgos; la abogada y profesora, Nylca Muñoz;  y Ana Irma Rivera Lassen, pasada presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

Por espacio de 20 minutos la delegación presentó sus preocupaciones y alegatos en torno de la economía, la falta de transparencia en los documentos públicos, la pérdida de empleos, la educación, la salud y la vivienda. Todos los temas estuvieron enmarcados en el impacto de la depresión económica que sufre la Isla desde 2006 y cómo  esta afecta los derechos humanos. La deposición  culminó cuando los deponentes expresaron su preocupación de cómo estos renglones podrían verse aún más afectados con la imposición congresional de una Junta de Control Fiscal. El reclamo final a la CIDH fue que se “solidarice, monitoree y se exprese sobre la crisis de derechos humanos por la que atraviesa Puerto Rico. Esto a través de una solicitud al Estado para que se audite la deuda pública, se aclaren el origen y la legalidad de cada segmento de la deuda”, exigió la defensora de los derechos humanos, Ana Irma Rivera Lassén.

La Comisión emplazó también al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla.  Sin embargo, en su representación depuso  Jesús Manuel Ortiz, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza.  En su alocución, presentó un resumen histórico del desarrollo de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Su deposición se basó en  los retos administrativos que ha enfrentado el gobierno y el conjunto de proyectos para subsanar el golpe de la crisis.
La segunda vicepresidenta de la CIDH, Margarette Macaulay cuestionó a Ortiz sobre la denuncia ante la falta de transparencia en documentos del gobierno. Ortiz dijo “esta administración ha sido la que más información en términos de materia fiscal ha ofrecido. Publicamos un informe de ajuste fiscal, publicamos un informe de ajuste fiscal enmendado, publicamos el informe Conway que detalla la liquidez del Departamento de Hacienda, el Commonwealth Report, todos los informes que detallan la situación económica y que antes no se publicaban… “. Añadió que además “el gobernador ha puesto en marcha mediante orden ejecutiva…el fortalecimeinto de las estadísticas a nivel digital para que haya más acceso.”

En la sala de sesiones Rubén Darío ubicada en el octavo piso de su sede en Washington D.C., la OEA, por medio de la CIDH, manifestó su interés de venir a Puerto Rico a conformar un equipo de trabajo para dar seguimiento a lo discutido en la vista.

La vista pública fue transmitida en directo en todos los recintos de la PUCPR simultáneamente.  Una vez terminada la transmisión se celebró en la Corte de Práctica de la Escuela de Derecho de la PUCPR un panel de discusión sobre el tema. El Dr. Leandro Colón, vicepresidente de asuntos académicos de la PUCPR; el Dr. Hernán Vera, decano del Colegio de Estudios Graduados en Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad y el Lcdo.  Israel Santiago, profesor de Derecho Constitucional conformaron el panel de expertos.

El Dr. Colón se centró en la responsabilidad de Estados Unidos ante la crisis económica y fiscal de Puerto Rico. Argumentó que “Estados Unidos retiró a Puerto Rico de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal sin proveer a la isla con un mecanismo sustitutivo que proveyera el estímulo económico que la sección 936 ofrecía”. Señaló también la falta de un plan de desarrollo económico a largo plazo. “Ante el principio económico de no imponer mayores contribuciones a una economía deprimida, la imposición de una Junta podría ‘terminar de hundir’  la economía”, apuntó.

Por su parte, el Dr. Vera señaló  la falta de una sana política de austeridad y comparó la situación de Puerto Rico con una reproducción de las crisis que ya enfrentó América Latina.  Instó a centrar la discusión electoral en propuestas concretas que traten este asunto. Mientras, el Lcdo. Israel Santiago subrayó la necesidad de un plan de desarrollo económico.   De otro lado, el licenciado Frontera Agenjo pidió  mesura en la manera en que se responda a la crisis en particular al momento de desarrollar política pública y planes de trabajo que deben estar enfocados en resultados a largo plazo y no limitarse al problema momentáneo.

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